Al marge del resultat de les consultes sobre la independència de Catalunya celebrades a diferents localitats catalanes el 13 de desembre, les enquestes informen d'uns resultats molt engrescadors. Veiem-ne alguns exemples:

 

 

Baròmetre d'opinió a desembre de 2009 del  Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya:

 

"En tot cas, com creu que hauria de ser aquesta relació? Creu que Catalunya hauria de ser... (NOMÉS UNA RESPOSTA):

 

Una regió d’Espanya 5,9%

Una comunitat autònoma d’Espanya 36,9%

Un estat dins una Espanya federal 29,9%

Un estat independent 21,6%

No ho sap 4,1%

No contesta 1,6%

Total 100,0%"

 

Observem que, per tal d'afavorir els titulars d'aquells que volen la continuïtat de l''Espanya autonòmica, l'enquesta ha dividit els partidaris d'un estat català entre aquells que volen un estat dins una Espanya federal i aquells que volen directament un estat català independent. Si sumem els partidaris d'un estat català, federat o independent, el nombre arriba al 51,5%, xifra destacadament superior al 36,9% dels partidaris de la Catalunya autonòmica. Si seguint l'estratègia de la divisió de l'enemic, dividíssim els partidaris de l'Espanya autonòmica en partidaris d'una Catalunya autonòmica amb més autogovern i una Catalunya autonòmica amb menys autogovern, el tant per cent de cada opció minvaria moltíssim al costat de les respostes restants.

 

 

Enquesta de la Universitat Oberta de Catalunya publicada el dia 3 de desembre de 2009 pel diari AVUI.

"En un referèndum democràtic per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria?":

 

 

 

 

 

Enquesta publicada el dia 21 de desembre de 2009 pel diari EL PERIÓDICO:

 

 

 

 

 

Las papeletas independentistas de la consulta del 13 de diciembre supondrían la mitad del voto en un referéndum como el del Estatut| El apoyo del 26% del censo a la secesión en una consulta a la que acuda el 63% supone el 41% de los votantes

Carles Castro|Barcelona|20/12/2009

La distancia que separa el éxito del fracaso es corta, pero existe. Y además, deja sitio suficiente para un territorio de incierto futuro como el que alberga las consultas soberanistas del pasado 13 de diciembre en Catalunya. Es verdad que sus impulsores no cosecharon un éxito espectacular, pues sólo movilizaron al 27% de los ciudadanos que habían citado a las urnas. Sin embargo, el resultado del 13-D está tan lejos del éxito como del fracaso si los números se ponen sobre el tapete de la realidad.

¿Cómo se mide esa realidad? Pues muy sencillo: las magnitudes del apoyo electoral a la independencia no pueden calcularse nunca sobre el 100% de los electores teóricos, sino sobre el porcentaje máximo de ciudadanos que han acudido alguna vez a las urnas en Catalunya: el 80%. Por ello, cualquier tasa de apoyo a la independencia –por ejemplo, la que se registró el 13-D en los municipios que acogieron la consulta soberanista: un 26% de los convocados– no supone que la secesión tenga el respaldo de tres de cada diez electores, sino de tres de cada ocho. Los otros dos no cuentan porque nunca han votado y es poco previsible que lo hagan en una circunstancia de este tipo. De hecho, en un referéndum independentista tan polarizado como el que celebró Quebec en 1995, votaron nueve de cada diez ciudadanos inscritos en el censo electoral (que es voluntario y no incluye a la totalidad de la población en edad de votar).

Por lo tanto, extendiendo las magnitudes del 13 de diciembre al escenario de la realidad electoral catalana –con índices de participación que oscilan entre el 40% y el 80% de la ciudadanía–, la tasa de apoyo a la independencia se movería entre un modesto –pero ya superior al que reflejan algunas encuestas– 32% de los votantes, en un referéndum de altísima participación, y un espectacular 64%, en una consulta de afluencia similar a la que registró el referéndum sobre la Constitución Europea, en el 2005. Y si la participación fuese igual a la del referéndum sobre el Estatut, en el 2006, el apoyo a la independencia seguiría siendo superior al 50% de los votantes. En realidad, con la participación mínima en una consulta vinculante –que debe ser superior a la mitad de los electores– y una tasa de apoyo al secesionismo similar a la del 13-D (el 26% del censo), el respaldo a la independencia seguiría siendo superior al 50% de los participantes en ese hipotético referéndum.

En consecuencia, el verdadero misterio se centra en la magnitud del voto negativo y en su nivel de movilización. Por poner algún ejemplo, en una población como Sant Cugat del Vallès la participación mínima debería acercarse al 60% para poder neutralizar los 14.000 votos independentistas (frente a sólo 800 en contra) que teóricamente se registraron el 13 de diciembre. Por el contrario, en el caso de Vilanova i la Geltrú –la localidad de fisonomía más cercana a la del área metropolitana barcelonesa– bastaría un 35% de participación para dejar en minoría el voto independentista.

Naturalmente se trata de un ejercicio de política ficción, adulterado por diversos factores: el 13 de diciembre se modificó el censo electoral, los territorios elegidos no representaban con fidelidad la estructura sociológica de Catalunya (y suponían menos del 15% de su censo electoral) y, finalmente, la votación careció de las garantías que ofrece una convocatoria institucional. Pero en Madrid harían bien en usar la calculadora. En el plácido Canadá, el Gobierno federal evitó legislar sobre la secesión hasta que en 1995 el futuro de Quebec se decidió por apenas 54.000 votos. Y lo significativo del caso catalán es que si las magnitudes del 13-D se proyectaran sobre una consulta cuya participación fuese la media de la registrada en los últimos diez años en Catalunya (casi el 63%), el voto a la independencia supondría más del 40% de los votantes. Justo la misma magnitud que se registró en el primer referéndum soberanista de Quebec, en 1980.